En este artículo se describe la situación actual de disponibilidad y demanda de recursos hídricos de Costa Rica, así como la evolución del marco legal e institucional para la planificación y la gestión.  Costa Rica tiene 51 100 km² de superficie y contiene 34 cuencas nacionales. La vertiente del Caribe representa el 46,4% del país, mientras que la vertiente del Pacífico corresponde a 53,6%. Costa Rica también tiene el 34,3% del territorio en dos cuencas transfronterizas, Rio San Juan con Nicaragua y el Río Sixaola en Panamá.

En el territorio hay 12 embalses hidroeléctricos que suman un total de 95 km² de superficie y 217 cuerpos de agua naturales que cubren 40,5 km² de superficie. El balance hídrico anual promedio a nivel nacional para el período 1970-2002 es la siguiente:

3297 mm de precipitación, 2.215 mm de escorrentía y 996 mm de evapotranspiración. Se estima que el suministro potencial agua de Costa Rica es equivalente a 113 km3 de escorrentía que corresponde para el 2005 a una disponibilidad de agua per cápita de 26 221 m³/persona/año. El volumen utilizable aguas subterráneas a nivel nacional se estima en 11 km3 de agua, lo que resulta en un flujo sostenible de 350 m³ / s.

Se estima que en 2005, las extracciones de agua para diversos usos ascendieron a unos 22 km³ o el 20% del volumen de agua disponible. La extracción de agua para la generación de energía hydroeléctrica representó el 72% del total, seguido de la agricultura con un 21,2%. El uso para el consumo humano, el turismo, la industria y la agroindustria representó el 6,8% del total y un 88% de este volumen proviene de fuentes subterráneas, lo que destaca la importancia estratégica de la protección y la explotación sostenible de los acuíferos del país. Las proyecciones del uso del agua para el año 2020 para todos los usos alcanzan a 37,87 km³, equivalentes a más del 33% de la disponibilidad total de los recursos hídricos del país.

Los dos problemas principales son la ausencia de una única institución con plena responsabilidad en la planificación y la gestión de los recursos hídricos y que la ley actual del agua es obsoleta. Por lo Tanto, es urgente adoptar una nueva ley sobre el agua con una visión moderna para conducir la reorganización del sector, redefinir un nuevo esquema de tarifas de agua para financiar la investigación, el desarrollo, la planificación y la conservación del recurso. Sin esta herramienta legal, los recursos hídricos del país seguirán siendo sobreexplotados, creando desequilibrios y conflictos entre sectores sociales y productivos, el aumento de vulnerabilidad a la contaminación y los riesgos para la salud pública.